Dra. Elida Aponte Sánchez
«O ADELANTAMOS O RETROCEDEMOS»
Dra. Elida Aponte Sánchez*
Foto: Agencias
Cuando en el año 1999 hubo el cambio de gobierno del Presidente Rafael Caldera, integrante de la democracia de los partidos o democracia representativa que se inició en Venezuela en el año 1960, al gobierno del Presidente Hugo Chávez Frías, quien dio inicio a la democracia constitucional o democracia de los derechos humanos, cernida en la experiencia constituyente que dio lugar a la Constitución de 1999 o una constitución con ojos de mujer, el Movimiento de Mujeres de Venezuela, las mujeres de todos los partidos políticos, tanto los de derecha como los de izquierda, las mujeres feministas y las organizaciones pro defensa de los derechos humanos en general, tenían claro que el gran reto de esa nueva democracia participativa y protagónica, era pasar de la igualdad formal o igualdad ante la ley, a la igualdad concreta, la igualdad material o como bien decimos en Filosofía del Derecho, a la justicia. Quien tenga alguna duda de la veracidad de tal afirmación sólo tiene que leer con detenimiento el artículo 2 de la Constitución, el cual enuncia que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social, de derecho y de justicia.
En el año 1999 se crea la primera institución de género con la que el gobierno del Presidente Hugo Chávez inicia su andadura, me refiero al Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER), que había tenido como antecedente inmediato el Consejo Nacional de la Mujer (CONAMU). El CONAMU había sido una trinchera de batalla de las mujeres líderas de todos los partidos políticos del país, en consonancia con el trabajo que realizaban desde el Congreso Nacional las mujeres parlamentarias, en materia legislativa y de la lucha sostenida del movimiento de mujeres, las mujeres feministas, las áreas de estudios de la mujer de las distintas universidades y demás organizaciones comprometidas. Con ese esfuerzo y sin desfallecer en la lucha se vieron concretadas aspiraciones muy importantes en el ámbito legal, tales como la Reforma al Código Civil, normas de extraordinaria importancia en materia laboral, y la aprobación de Leyes que hicieron de instrumentos internacionales como la CEDAW, leyes de la República, sólo por nombrar algunas.
El reto, entonces, para el gobierno del Presidente Hugo Chávez y para todos los gobiernos que se digan democráticos, en este siglo XXI, es la construcción de la igualdad real y efectiva de las mujeres y los hombres. Es decir, debemos avanzar más allá de la igualdad enunciada en la ley e, incluso, más allá de la igualdad de trato y de oportunidades, de las cuales estamos bastante lejos. Tal propósito, pivote de la República en el marco de la Constitución de 1999, reclama la intervención (para su transformación) de una tradición de cultura que ha estado asentada en la subordinación y en la opresión de las mujeres. En pocas palabras, asentada en su discriminación, en todos los ámbitos de la vida nacional. Ello, claro, no sólo requiere de iniciativas, tales como el Instituto Nacional de la Mujer, el Banco de Desarrollo de La Mujer, la Misión Madres del Barrio Josefa Joaquina Sánchez, los cuales están adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, enmarcado en las competencias que le atribuye el Decreto 6.663, que requieren una visión y gestión feminista; así como de avances legislativos de tanta importancia como la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; avances a los cuales debe seguir la jurisdicción (justicia de género); iniciativas que nos han permitido avanzar en el logro de las metas del milenio, sino que es necesario diseñar y ejecutar políticas, programas, planes y proyectos con perspectiva de género y, además, medir el impacto con indicadores adecuados a la materia.
Todos los Poderes Públicos, Ministerios y entes del Estado, en todos los niveles de gobierno: nacional, estadal y municipal, tienen la obligación de diseñar sus políticas (todas sus políticas) con perspectiva de género, aunque el órgano que rectorice sea el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, en el marco de sus competencias.
Esa tarea tan importante no se satisface entregando canastillas a niñas adolescentes embarazadas, terrible problemática social de la cual Venezuela es el mayor exponente en América Latina, ni halagando con el discurso a las mujeres sin que a este siga la acción comprometida, visibilizadora y transformadora. Es decir, la acción feminista; la cual supone ser partidaria o partidario de la realización plena de las mujeres, en todas sus posibilidades. El momento histórico es crucial: o avanzamos o retrocedemos y para avanzar es urgente pasar de lo cosmético a lo sustantivo.
*Experta en Derechos Humanos de Las Mujeres. Universidad del Zulia
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